Nuestras luchas

Soberanía alimentaria: producción cooperativa y comercio local. Entendemos que soberanía alimentaria es nuestro derecho como pueblo a decidir que cultivar y de que alimentarnos, respetando la naturaleza que nos rodea y garantizando un equilibrio con la misma para que podamos seguir relacionándonos de la mejor manera con nuestra tierra. 

Creemos en nuestra cultura de producción, con productos sanos e intercambio local. Nosotros luchamos por mantener nuestra cultura de producción, que provee de alimentos sanos al pueblo.  

Es por eso que cuando hablamos de sistemas campesinos de producción, que contemplan el autoconsumo de las familias y la comercialización de los excedentes y el equilibrio con la naturaleza, la lógica del “libre mercado” lo tilda de improductivo.

Nuestro modelo se basa en el uso comunitario de la tierra, tanto para siembras como para el pastoreo de los animales.

Reforma Agraria Integral que abarque transformaciones económicas, políticas y culturales. Una reforma agraria es más que la conquista económica de la tierra, más que la democratización de las grandes propiedades y el acceso de nuestras familias al derecho a la tierra. 

Eso es importante, pero debe ir acompañada de cambios más profundos en la vida y la producción en el campo, teniendo como prioridades el bienestar de nuestra sociedad y la preservación de nuestros recursos naturales, para la humanidad y para las generaciones futuras. 

. Exigir leyes que contemplen la realidad campesina indígena. 

. Que el estado garantice el acceso y la función social de la tierra. Eso se puede realizar redistribuyendo las tierras improductivas entre las familias que la necesitan.

• Fortalecer las organizaciones y generar nuevas. Y promocionar una red de economía centrada en el trabajo. 

• Difundir la realidad que atravesamos los campesinos indígenas dando a conocer nuestras luchas, nuestras acciones, instalando el debate sobre la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria en nuestra sociedad. Aportando a una integración Latinoamericana. 

• Que el estado y sus instituciones reconozcan a las organizaciones populares como actores prioritarios para el desarrollo de políticas públicas. Implementando programas proyectos y la ejecución y control de inversiones, con asistencia directa a las organizaciones sin intermediarios de ningún tipo.